Aunque las consecuencias de la pandemia fueron devastadoras para todos los países del mundo en cuanto a pérdidas humanas, cierre de empresas, destrucción de empleos, etc., en algunas regiones se sumó la agudización de algunos problemas sociales estructurales como la desigualdad y el fraccionamiento social. En el 2022 y los siguientes años, la capacidad de las sociedades y los gobiernos para resolver estos conflictos internos dependerá mucho de cómo se incentivan o se debilitan los pilares que conducen al crecimiento económico.
Cualquier modelo de crecimiento económico, basado en el libre mercado o con fuertes intervenciones del Estado, no podrá tener éxito si no se lo implementa entorno a un contexto de confianza y con instituciones fuertes inclusivas.
La desconfianza es parte del instinto de la naturaleza humana. A cualquier individuo le preocupa que su empleador, que sus colegas de trabajo, que sus conocidos o sus familiares puedan aprovecharse de sus acciones; que el gobierno no ejecute las mejores decisiones, que promueva impuestos confiscatorios y que la ejecución de cualquier obra pública o la provisión de un bien público no tenga los beneficios esperados.
Cuando se escucha que un gobierno es corrupto, que existen problemas de sobreprecios en la contratación pública, los ciudadanos empiezan a dudar de la capacidad de respuesta de un gobierno, de la calidad y del efecto de sus intervenciones públicas, con lo cual se genera una mayor resistencia a querer cumplir con sus obligaciones tributarias. Asimismo, cuando se deja de confiar en los partidos políticos, en el presidente de una nación y en sus carteras que lo representan, los ciudadanos dejan de darle importancia a las rendiciones de cuenta de los funcionarios públicos, dejan de exigir transparencia y termina generándose un ambiente de corrupción, de inseguridad y de ineficiencia general.
Cuando las empresas no confían en un gobierno, de constantes cambios legales y de impuestos distorsionantes, limitan o recortan sus inversiones, restringen su capacidad de crecimiento y de innovación.
Cuando en el mercado prevalece un contexto de poca confianza, el intercambio económico disminuye porque los agentes económicos (empresas, proveedores y clientes) no confían de las promesas del otro, de la calidad del producto ni tampoco de los pagos pendientes, entre otros.
Cuando el gobierno no confía en las acciones de las empresas y de sus ciudadanos, termina generando regulaciones excesivas e ineficientes, que promueven a actuar por fuera de los contratos y normas establecidos, generando también costos transaccionales ineficientes.
Para minimizar estas distorsiones que se pueden producir en cualquier ámbito social, las sociedades recurren por lo general a las instituciones. Estas últimas son las encargadas de desincentivar las acciones oportunistas, hacer velar por el cumplimiento de los contratos y normas sociales y de promover la equidad. Las mismas pueden reforzar y compensar la falta de confianza en una sociedad tanto en el ámbito privado como público y a su vez pueden inducir a la cooperación hacia un objetivo común. Cuando las instituciones son débiles, por lo general, se presenta un ambiente de inseguridad, de corrupción y se debilita la confianza social.
Si la desconfianza existe en cualquier proceso económico – en las decisiones de consumo, producción, ahorro, inversión, innovación- y, si además, existen instituciones débiles que contribuyen y refuerzan estos niveles de falta de confianza, se limita la capacidad de poder crecer más rápido en el largo plazo y de alcanzar un crecimiento más inclusivo.
Este alcance y medición de la confianza en distintos componentes se estudió ampliamente en un nuevo informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en enero-22. Con mediciones recientes, demuestran que América Latina y el Caribe (ALC) es la región cuyo índice de confianza generalizada ha disminuido más en el tiempo, lo cual contrasta por ejemplo con la dinámica que han tenido los países de la OCDE[1]. Así por ejemplo en América Latina, 1 de cada 10 personas considera que se puede confiar en los demás, mientras que, en países de la OCDE [2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos , además de presentar un crecimiento del indicador en los últimos años, los resultados muestran que más de 4 de 10 personas consideran que se puede confiar en los demás.
[1] El siguiente articulo discute y recoge algunos resultados y reflexiones que se mencionan en el informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en enero-22 intitulado Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe.
[2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Fuente: Gráfico tomado del informe del BID “Confianza: la clave de la cohesión social “
En cuanto a los niveles de confianza en el gobierno, América Latina aparece como la región con niveles de confianza más bajos, menos de 3 de 10 personas confían en el gobierno, mientras que, a nivel mundial, más de 4 de 10 personas demuestran confianza en el gobierno.
Fuente: Gráfico tomado del informe del BID “Confianza: la clave de la cohesión social “
Estos bajos niveles de confianza en la región explicarían porqué en la mayoría de los países en América Latina existen niveles de desigualdad más altos, niveles bajos de recaudación tributaria, de infraestructura pública básica, de productividad, así como también los niveles más altos de informalidad laboral, de casos de corrupción e inestabilidad política.
Para el caso del Ecuador, los datos a enero de 2022 de la encuesta que realiza la empresa Click Research[3] nos brindan una clara aproximación de cómo la ciudadanía confía o no de la gestión de algunas instituciones del país.
[3] Empresa dedicada a la investigación de mercado y estudios de opinión de Ecuador
Fuente: Gráfico construido a partir de los resultados de la encuestas de opinión de Click Report
El gráfico 3 muestra claramente que un 79% de los encuestados cree que la gestión del Consejo de Participación Ciudadana es mala, un 75% tiene la misma opinión con respecto a la Asamblea y un 57% con el COE. Igualmente, en este mismo reporte, un 72% de los encuestados aclaró que no confía en la gestión de la Fiscalía, un 81% opinó lo mismo de la Contraloría y un 83% de la Justicia.
Entorno a las expectativas de los ciudadanos de si el gobierno puede o no cumplir sus promesas de campaña, apenas un 37,6% de los encuestados cree que el gobierno cumplirá sus promesas de campaña de administrar eficientemente los recursos públicos, un 35% cree que cumplirá su promesa de luchar contra la corrupción y un 33% cree que mejorará la aplicación de la justicia.
Todos estos resultados nos muestran que los niveles de confianza del Ecuador tampoco se alejan mucho de los resultados de la región. Es así que, para que la inversión privada se dinamice en los siguientes años y se logre alcanzar un crecimiento económico más acelerado e inclusivo en el largo plazo, además de aprobar algunas reformas pendientes que estarían todavía en manos del gobierno (reformas laborales, nueva ley de inversiones, entre otros), debemos principalmente resolver el problema histórico de tener una débil y fragmentada institucionalidad en el país.
Autor : Luis Páez V. – Subgerente de Tesorería Anefi S.A