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Una reforma que ha pasado desapercibida. Ecuador cuenta con una nueva arquitectura institucional en materia financiera. La Ley Reformatoria al Código Monetario y Financiero (COMYF) redefine el funcionamiento de la política y regulación financiera, fortalece la autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE) y actualiza el marco normativo aplicable al sistema financiero, de valores y de seguros.
Con esta ley, se unifican las Juntas de Política y Regulación Monetaria y Financiera en una sola entidad —la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera—, que pasa a ser el máximo órgano de gobierno del BCE. La nueva Junta tendrá competencia para emitir normativa en los ámbitos monetario, financiero, de valores y de seguros, replicando la estructura de gobernanza que rige en varios bancos centrales de la región.
Fortalecimiento institucional y nuevas atribuciones
La reforma amplía las atribuciones del BCE y consolida su rol técnico. El Banco actuará como secretaría técnica de la Junta, con responsabilidad en la generación de información, la preparación de proyectos de normativa y el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones. Este esquema busca una mayor coherencia regulatoria, eficiencia administrativa y coordinación con las superintendencias de Bancos, de Compañías y de Economía Popular y Solidaria.
Entre los principales cambios estructurales y técnicos se incluyen:
Continuidades y ajustes normativos
El texto incorpora disposiciones que ya habían sido planteadas en la Ley de Integridad Pública (LOIP), declarada inconstitucional por la Corte Constitucional a inicios de año por vicios en el procedimiento legislativo. Entre estas coincidencias destacan la unificación de las juntas y la conversión obligatoria de cooperativas de ahorro y crédito en bancos, cuando cumplan ciertos parámetros de tamaño y volumen de operaciones.
Si bien la LOIP fue anulada, la nueva ley retoma varios de sus componentes técnicos dentro de un proceso legislativo regular, buscando consolidar la integridad, transparencia y eficiencia institucional del sistema financiero.
Equilibrio entre regulación y desarrollo
El propósito central de la reforma, según la exposición de motivos de la ley, es fortalecer la institucionalidad del sistema financiero ecuatoriano, garantizando su estabilidad, independencia técnica y equilibrio entre la supervisión estatal y la protección del interés público.
La norma promueve, además, una mayor inclusión financiera a través del fomento de medios de pago electrónicos y el desarrollo de la infraestructura digital del sistema. Los nuevos lineamientos buscan que la regulación acompañe la evolución tecnológica, manteniendo la seguridad jurídica y la protección al usuario financiero.
Por otra parte, la reforma moderniza los criterios de respaldo de las reservas internacionales, delimitando los instrumentos y activos admitidos, con el objetivo de mejorar la gestión del portafolio de reservas y garantizar su liquidez y disponibilidad.
Hacia un sistema más integrado
Con la publicación de esta ley, Ecuador busca avanzar hacia un modelo de supervisión y regulación más centralizado y coordinado, en el que el BCE asume un papel articulador entre la política monetaria y la estabilidad financiera.
El éxito de la nueva estructura dependerá de su implementación reglamentaria y de la capacidad de las instituciones involucradas para coordinar sus competencias.
La creación de una Junta Única de Política y Regulación representa un cambio de fondo en la gobernanza del sistema financiero ecuatoriano, que busca consolidar un entorno sólido, transparente y preparado para los retos de la digitalización y la integración económica regional.
Autor: Carolina Enríquez
