“Un hombre de Harvard convertido en cazador de narcos”. Así tituló The Economist su reportaje sobre Ecuador, centrado en una entrevista con el presidente Daniel Noboa. El semanario británico, reconocido por su análisis político y económico, se suma a una larga lista de medios internacionales que siguen de cerca la crisis de seguridad que atraviesa el país.
La cobertura exterior —incluida la de publicaciones especializadas en economía— refleja una inquietud compartida: ¿cómo fue posible que Ecuador, alguna vez conocido como una “isla de paz” en Sudamérica, mutara en apenas cinco años en uno de los países más violentos del mundo?
The Economist señala que el país se ha convertido en una ruta clave del narcotráfico, con exportaciones de cocaína hacia Europa y EE. UU., y un escenario ideal para el lavado de dinero. Noboa estima que los carteles mueven alrededor de USD 30.000 millones en drogas al año, un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Y el problema ya afecta a la economía local. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en diciembre de 2024, revela que por cada aumento del 1% en la tasa de homicidios, la actividad económica en Ecuador podría reducirse hasta en 0,5 %.
Ese efecto negativo se transmite por diversos canales: menor acumulación de capital, caída en la participación laboral y desaceleración del crecimiento en la productividad total de los factores (FTP), un indicador que mide qué tan eficientemente un país usa sus recursos (trabajo y capital) para generar riqueza. Las zonas más golpeadas, según el informe, son las regiones costeras del país, donde la violencia supera con creces el promedio nacional.
El flujo de dinero ilegal, que suele moverse en efectivo, alimenta la economía informal, limita la inclusión financiera y profundiza las brechas sociales. Además, eleva la percepción de riesgo país y obstaculiza la llegada de inversiones, lo que mina la competitividad del Ecuador en el escenario internacional.
En materia fiscal, el país destina en promedio el 2 % de su PIB a orden público y seguridad. Aunque esta cifra es alta en relación con otras naciones de la región, dice el Fondo Monetario, aún se ubica por debajo del promedio de las economías emergentes, lo que evidencia los desafíos de financiamiento para enfrentar de manera estructural la crisis de violencia e inseguridad.
El FMI advierte que reducir la violencia y frenar el lavado de dinero no solo es una necesidad de seguridad, sino una condición indispensable para impulsar el crecimiento económico. Lograrlo implica adoptar un enfoque integral: fortalecer la seguridad ciudadana, combatir los flujos financieros ilícitos y promover un desarrollo inclusivo.
El Gobierno busca revertir la crítica situación de seguridad a través de una estrategia que combina cooperación internacional, presencia militar en las zonas más conflictivas y reformas estructurales de fondo.
Entre estas últimas destaca la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 3 de junio, que modifica parcialmente el artículo 5 de la Constitución.
La enmienda elimina la prohibición expresa de establecer bases extranjeras en el país, aunque mantiene la declaración de Ecuador como territorio de paz. El procedimiento exige que la Corte Constitucional revise la propuesta antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda convocar a un referendo, tal como lo establece el artículo 442 de la Carta Magna para las reformas parciales.
A esto se suman otras iniciativas legislativas propuestas por el Ejecutivo, enviadas a la Legislatura como económicas urgentes: la Ley de Solidaridad Nacional, ya vigente y el Proyecto de Ley de Integridad Pública, que incluye reformas tan diversas que van desde las penas por delitos graves a menores de edad; la definición de causal de expulsión de extranjeros; reformas en compras públicas y hasta la unificación de la Junta de Política y Regulación Financiera con la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
Adicional, la Asamblea Nacional debe tratar el Proyecto de Ley Económico Urgente de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Esta norma busca intervenir territorios vulnerables que, aunque están legalmente declarados como áreas protegidas, han sido ocupados por economías ilegales, grupos armados y redes delictivas. Sin embargo, tal como sucedió con la iniciativa anteriormente nombrada, es posible que se vayan incorporando nuevos temas y reformas, conforme se avanza con su análisis.
Autor: Carolina Enríquez
