Sin previo aviso, se introdujeron cambios de gran alcance en el sistema financiero del país.
En términos generales, la Ley de Integridad Pública, en vigencia desde el 26 de junio de 2025, fue presentada inicialmente como una herramienta para optimizar las compras públicas y establecer evaluaciones periódicas al desempeño de los servidores estatales, con el objetivo de premiar a los más eficientes y desvincular a quienes no cumplan con los estándares.
No obstante, en el último momento se incorporaron disposiciones en distintos ámbitos. Entre ellas se incluyeron modificaciones al régimen penal para adolescentes y nuevas regulaciones que afectan al Banco Central del Ecuador (BCE).
Uno de los cambios que más debate ha provocado es la posibilidad de que ciertas cooperativas de ahorro y crédito puedan convertirse en bancos.
La normativa plantea que, tras un análisis técnico, aquellas entidades con alto nivel de activos, interconexión o riesgo sistémico podrían ser obligadas a transformarse en sociedades anónimas y quedar bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Según el texto legal, esta medida busca proteger los depósitos de los ciudadanos y fortalecer la estabilidad del sistema financiero. La evaluación recaerá en una nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que sustituirá a las actuales juntas de Política Monetaria y Política Financiera. Esta nueva entidad tendrá 90 días para emitir una resolución al respecto.
La discusión sobre la necesidad de que ciertas cooperativas de gran tamaño se transformen en bancos no es reciente.
Desde hace tiempo, expertos y autoridades han advertido que algunas de estas entidades —especialmente las del segmento 1— operan con niveles de complejidad, activos y cobertura similares a los de los bancos, aunque bajo un marco regulatorio más flexible. En ese contexto, la Junta de Política Financiera ya había emitido resoluciones que exigían a las cooperativas con peso sistémico un mayor fortalecimiento patrimonial, alineando sus exigencias con las de las instituciones financieras más grandes.
Una sola Junta Monetaria y Financiera está de vuelta
Además de esta medida, la Ley de Integridad Pública introduce una profunda reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Se establece la creación de una sola Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, con cinco miembros designados por la Asamblea Nacional a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo.
Esta nueva junta será parte de la Función Ejecutiva, pero contará con autonomía administrativa, financiera y operativa. Entre sus funciones estará definir políticas de inclusión financiera, regular tasas de interés, supervisar bancos, aseguradoras y empresas de salud prepagada, así como ejercer control sobre el BCE en temas como medios de pago, reservas internacionales, presupuesto y auditorías.
El BCE, si bien mantiene su autonomía, quedará sujeto a la supervisión de esta nueva junta.
Uno de los puntos clave de la reforma es la imposición de una regla de respaldo que exige cubrir el 100 % de los pasivos del BCE con reservas internacionales, a través de cuatro sistemas contables. Aunque esta obligación ya existía, la nueva ley extiende el plazo para su plena aplicación hasta el año 2040, cinco años más de lo previsto anteriormente.
Esta prórroga refleja las secuelas de una política fiscal agresiva que aún impacta a las finanzas públicas.
La huella negativa del constante endeudamiento durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa sigue vigente y comprometerá a varias administraciones futuras.
Solo con el BCE, que fue utilizado como fuente de financiamiento mediante la compra de papeles del Ministerio de Economía y Finanzas y acciones de la banca pública, el Estado mantiene obligaciones que se extenderán hasta 2040. En total, el BCE prestó más de USD 9.000 millones al Gobierno de Correa bajo este esquema, una cifra equivalente al 60% de sus activos, que quedaron mayoritariamente ilíquidos.
La Ley también establece procedimientos para la transición institucional: el Ejecutivo deberá enviar la nómina de candidatos a la Asamblea en un plazo de 30 días, y los actuales miembros de las juntas cesarán en sus funciones una vez que se nombre a los nuevos.
El primer periodo de gestión será escalonado, con duraciones entre dos y cuatro años. Los requisitos para integrar esta nueva junta incluyen tener título de cuarto nivel, al menos 10 años de experiencia profesional y no mantener vínculos recientes con entidades financieras o partidos políticos.
Finalmente, la Ley otorga a la nueva junta facultades para emitir resoluciones con fuerza obligatoria, establece normas para el traspaso de contratos, personal y bienes de las juntas salientes, y amplía sus competencias en temas como créditos externos, líneas de liquidez y fiscalización presupuestaria del BCE.
Autor: Carolina Enríquez Paredes
