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El mercado petrolero global ha vivido días de alta volatilidad tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que puso en riesgo una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Durante la última semana, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Ecuador, superó los USD 100 por barril por primera vez desde 2022, mientras los futuros llegaron a acercarse a USD 110. El Brent, referencia internacional, también rebasó los USD 105 en medio del temor a interrupciones del suministro mundial.
El repunte se produjo ante el riesgo de que el conflicto afectara el estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo global.
Sin embargo, el mercado reaccionó rápidamente a señales de distensión. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la guerra con Irán estaba “prácticamente terminada”, lo que provocó una fuerte corrección en los mercados energéticos.
Al 11 de marzo de 2026, el precio del WTI retrocedió a USD 87,25 por barril, reflejando la expectativa de que el conflicto no derive en una interrupción prolongada del suministro global.
Este episodio volvió a evidenciar la sensibilidad del mercado petrolero a los riesgos geopolíticos, especialmente cuando se trata de puntos críticos de transporte energético.
Impacto fiscal para Ecuador
Para Ecuador, el aumento del precio del petróleo tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas. El país depende en gran medida de los ingresos petroleros, ya que el crudo sigue siendo uno de los principales productos de exportación.
En la Proforma Presupuestaria 2026, el Gobierno utilizó un precio referencial de USD 53,47 por barril para calcular los ingresos del sector petrolero. Cuando el precio internacional supera ampliamente ese nivel —como ocurre actualmente— el Estado recibe ingresos adicionales por exportaciones.
En términos fiscales, este escenario puede traducirse en mayores recursos para el Presupuesto General del Estado, especialmente si los precios elevados se mantienen durante varios meses.
Sin embargo, el efecto no es completamente positivo.
Subsidios y sistema de bandas
Ecuador es exportador de crudo, pero importador de derivados como diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo (GLP). Por esa razón, un incremento del precio internacional también encarece el costo de los combustibles que el país compra en el exterior.
Según la proforma fiscal, el Estado prevé destinar USD 1.159,6 millones a subsidios a los combustibles en 2026. El mayor componente corresponde al GLP, que representa cerca del 62% del total, seguido por el diésel y las gasolinas.
Desde 2020 el país aplica un sistema de bandas de precios para las gasolinas extra y ecopaís, así como para el diésel. Bajo este mecanismo, los precios internos pueden subir o bajar hasta un 5% mensual, lo que permite trasladar gradualmente parte de las variaciones internacionales del petróleo al mercado local y reducir el impacto fiscal de los subsidios.
Sin embargo, este esquema no se aplica al gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, cuyo precio permanece congelado desde hace décadas. Este combustible concentra actualmente la mayor parte del gasto en subsidios energéticos, lo que mantiene una presión estructural sobre las finanzas públicas, incluso en escenarios de precios internacionales elevados del crudo. Por esta razón, un escenario prolongado de precios altos del petróleo podría generar un efecto fiscal mixto: mayores ingresos petroleros para el Estado, pero también mayores presiones sobre el gasto en subsidios energéticos.
El balance final dependerá de la duración del conflicto en Medio Oriente y de si el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz logra normalizarse en las próximas semanas.
Un colchón para la volatilidad
La reciente volatilidad en los precios del petróleo también coincide con cambios en el marco institucional para gestionar el riesgo asociado a las materias primas en Ecuador.
En los últimos días, el mercado petrolero experimentó movimientos bruscos. Este tipo de episodios pone en evidencia la alta sensibilidad del mercado energético a los riesgos geopolíticos y el impacto que estas fluctuaciones pueden tener sobre economías exportadoras de crudo como la ecuatoriana.
En ese contexto, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprobó, recientemente, un marco que permite al Banco Central del Ecuador actuar como agente financiero para ejecutar operaciones de cobertura sobre precios de commodities para empresas públicas.
El esquema habilita el uso de instrumentos derivados en mercados internacionales con el objetivo de mitigar el impacto de cambios abruptos en los precios de materias primas estratégicas, incluido el petróleo. La normativa establece que el Banco Central actuará únicamente como intermediario operativo, sin asumir posiciones de mercado ni riesgos financieros propios, mientras que las obligaciones y costos derivados de las operaciones recaerán en la entidad pública que instruya la cobertura.
