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La escalada más reciente se produjo el 6 de febrero. Ese día, las cancilleres Gabriela Sommerfeld y Rosa Yolanda Villavicencio se reunieron en Quito junto a delegaciones de alto nivel, en un encuentro privado que concluyó sin declaraciones ni acuerdos públicos. Horas después, el Gobierno colombiano confirmó la firma del decreto que activa el arancel del 30% a productos ecuatorianos, una medida cuya aplicación había sido aplazada a la espera de entendimientos políticos.
La reacción de Ecuador fue inmediata. La Cancillería ecuatoriana sostuvo que "llama la atención" que Colombia atribuya la responsabilidad del desacuerdo a Quito, cuando, según su posición, el conflicto se origina en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur. Con ello, el Gobierno ecuatoriano dejó claro que no considera la disputa como un problema estrictamente comercial, sino como una consecuencia directa de un vacío de seguridad.
Colombia, a su vez, anunció que presentará una demanda ante la Comunidad Andina (CAN), alegando que Ecuador incumplió el Acuerdo de Cartagena de 1969. El conflicto pasó así del plano bilateral a un escenario jurídico regional, elevando el nivel de confrontación institucional.
Del reclamo de seguridad a la guerra arancelaria
El origen inmediato de la disputa se remonta al 21 de enero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador impondría una tasa del 30% a las importaciones colombianas. La medida fue presentada como una “tasa de seguridad por control aduanero”, argumentando que Colombia no ha asumido de forma suficiente el control de su frontera, permitiendo la expansión del narcotráfico y el crimen organizado hacia territorio ecuatoriano.
Colombia rechazó esa justificación y respondió con dos anuncios clave: la suspensión de las exportaciones de electricidad a Ecuador y la preparación de un arancel espejo del 30% para 23 categorías de productos ecuatorianos, que luego fue ampliado. Aunque el arancel fue anunciado, su aplicación quedó inicialmente en suspenso, abriendo un breve espacio para la negociación.
Ese espacio se cerró cuando Ecuador activó formalmente su tasa el 1 de febrero, tras completar el circuito operativo a través del Senae y el SRI. La reunión del 6 de febrero en Quito aparecía como una oportunidad para frenar la escalada. Al no lograrse un acuerdo, Colombia procedió con su medida.
El impacto económico es inmediato. Más de 16.600 viajes de carga al año cruzan Rumichaca y sectores clave de la exportación ecuatoriana —pesca, agroindustria, palma, arroz y manufacturas— enfrentan ahora un arancel que compromete la viabilidad de sus envíos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores estima, según información que se ha hecho pública en los últimos días, que los productos afectados sumaron USD 275 millones en exportaciones en 2025, cerca del 35% de las exportaciones no petroleras a Colombia.
Energía, petróleo y una relación en tensión
La disputa trasciende el comercio. En el plano energético, Colombia suspendió las exportaciones de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero, una decisión de alto contenido político. En respuesta, Ecuador incrementó en un 900% la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del oleoducto, elevándola de USD 3 a USD 30 por barril. Ambas medidas reflejan el uso de infraestructura estratégica como instrumento de presión.
Durante la reunión en Quito, según la Cancillería ecuatoriana, Colombia se comprometió a levantar la suspensión energética y Ecuador a revisar la tarifa del oleoducto, pero estos compromisos quedaron condicionados a un acuerdo integral que no se concretó. También se abordaron temas sensibles como seguridad fronteriza, lucha contra cultivos ilícitos, traslado de personas privadas de libertad y cooperación judicial, sin resultados verificables inmediatos.
En lo comercial, Colombia propuso retirar los aranceles si Ecuador hacía lo mismo. Quito respondió que evaluaría esa solicitud en una etapa posterior, supeditada a avances en los demás frentes. La diferencia de tiempos y prioridades terminó por bloquear el diálogo.
A corto plazo, el conflicto permanece abierto. Los aranceles están vigentes, las tensiones energéticas han sido activadas y la vía diplomática sigue abierta, pero debilitada. Más allá del intercambio comercial, el episodio deja una señal clara: cuando los problemas de seguridad fronteriza no se gestionan de manera coordinada, terminan trasladándose al comercio, a la energía y a la diplomacia. En la relación entre Ecuador y Colombia, ese traslado ya es un hecho.
Autor: Carolina Enríquez
