El plan económico del presidente Daniel Noboa para los próximos años ha sido revelado, no por un anuncio oficial del Ejecutivo ni de su ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, sino a través de la publicación del segundo informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al programa de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), que Ecuador mantiene con ese organismo.
El reporte, divulgado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo el 24 de julio, detalla los compromisos del país a cambio de un nuevo desembolso por USD 600 millones y la ampliación del programa de financiamiento de USD 4.000 a 5.000 millones.
El acuerdo plantea un ajuste fiscal más ambicioso del que inicialmente se había pactado. Ecuador se compromete a una consolidación del déficit primario no petrolero de 6,6% del PIB, entre 2024 y 2028, frente al 5,5% contemplado en el diseño original.
Esa cifra incluye subsidios y representa un esfuerzo adicional equivalente al 1,1% del PIB, concentrado principalmente en el período 2025–2027. El objetivo es alcanzar un superávit primario del 1% del PIB en 2026, superando levemente la meta anterior de 0,9%, y reducir el endeudamiento público al 40% del PIB para 2031, una meta que ahora se espera cumplir un año antes de lo previsto.
En el contexto del cumplimiento de este acuerdo, el gobierno de Noboa ha comenzado a aplicar medidas concretas de ajuste. Entre ellas se encuentra el recorte del tamaño del Estado, anunciado mediante Decreto Ejecutivo el 25 de julio.
El número de ministerios se redujo de 20 a 14 y el de secretarías de nueve a tres, lo que implica una disminución del 41% en las carteras de Estado.
Además, se desvincularon 5.000 funcionarios públicos pertenecientes a instituciones del Ejecutivo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como parte del esfuerzo de contención del gasto en masa salarial, que según el plan del Gobierno y el FMI deberá reducirse en 0,2% del PIB cada año. Las desvinculaciones, según el Gobierno, excluyen a médicos, profesores, policías, militares y personas en condición de vulnerabilidad.
En materia tributaria, el programa incluye varias reformas orientadas a incrementar los ingresos no petroleros. Algunas ya están en proceso. Por ejemplo, el recientemente enviado Proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Este incorpora cambios, como el tratamiento tributario a los dividendos no distribuidos por parte de empresas, los cuales estarán sujetos a nuevas tarifas.
Por otro lado, se encuentra una tasa de USD 20 a las compras electrónicas desde el exterior, que llegan al país vía courier. Además, se estableció la tasa minera y se ha eliminó el subsidio al diésel para el sector atunero industrial.
Está pendiente en esta materia una revisión integral del régimen fiscal minero, prevista para diciembre de 2025 y seguir con la focalización de subsidios.
El acuerdo se contempló también una modernización de los procesos de contratación pública, con la implementación del nuevo Sistema Nacional de Control (SNC) y mejoras en la plataforma del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador.
Estas acciones apuntan a aumentar la eficiencia del gasto público y a reducir las pérdidas por corrupción o ineficiencia. En paralelo, se ajustarán las tarifas eléctricas para consumidores de media y alta tensión desde agosto de 2025, y se establecerán reglas para regular la venta de excedentes de autogeneración eléctrica hacia la red nacional.
En el sistema financiero, el Gobierno se compromete a iniciar subastas de bonos públicos en noviembre de 2025, reformar gradualmente el techo a las tasas de interés, y fortalecer la supervisión sobre cooperativas y entidades pequeñas no bancarias.
Para atraer inversión privada, se reabrió, de manera progresiva, el catastro minero y se auditarán externamente las operaciones de Petroecuador, correspondientes al período 2021–2024.
Desde el punto de vista social, el plan contempla la expansión de los programas de transferencias monetarias a 1,27 millones de hogares hasta abril de 2025, y el fortalecimiento del programa “1.000 Días”, que busca reducir la desnutrición crónica infantil. Esto se realiza con el objetivo de amortiguar los efectos sociales del ajuste fiscal y sostener la cobertura de las políticas sociales más sensibles.
Los riesgos políticos
El FMI señala que la implementación del programa no está exenta de riesgos. Uno de los principales es la posibilidad de que no se concrete la emisión de deuda prevista para 2026 si las condiciones del mercado internacional se mantienen adversas.
Ecuador tenía previsto emitir USD 1.500 millones en 2025, pero esa operación se ha postergado para el año siguiente y por un monto menor. También existe incertidumbre sobre los desembolsos programados por otros organismos multilaterales, y sobre la evolución de las reservas internacionales si se deteriora el superávit comercial.
En el ámbito político, el FMI advierte que las reformas, especialmente la eliminación de subsidios o la imposición de nuevos tributos, podrían encontrar resistencia social y generar inestabilidad.
A estos factores se suman los riesgos externos relacionados con el precio del petróleo, desastres naturales o tensiones geopolíticas. No obstante, el FMI valora positivamente la voluntad del Gobierno de asumir compromisos más exigentes para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.
La ampliación del programa financiero y la aprobación de la segunda revisión del acuerdo reflejan una apuesta por corregir desequilibrios estructurales persistentes. Sin embargo, el éxito de este programa dependerá de la capacidad del Ejecutivo para mantener el ritmo de implementación, evitar retrocesos políticos y sostener el respaldo social en medio de un escenario fiscal cada vez más complejo.
Autor: Carolina Enríquez
