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Desde los años setenta, tras el boom petrolero, Ecuador fijó precios subsidiados para combustibles como diésel y gasolinas. Lo que en su momento fue visto como un mecanismo de redistribución se convirtió en un gasto fiscal persistente y oneroso.
Según datos del Banco Central, entre 2010 y 2023 el Estado destinó USD 53.922 millones para subsidios de combustibles, de los cuales el 43% correspondió al diésel. Este combustible es clave para el transporte pesado, público, la industria y comunidades rurales, lo que hace políticamente complejo su ajuste.
Daniel Noboa es el tercer presidente consecutivo que intenta desmontar los subsidios al diésel. En 2019, Lenín Moreno eliminó de golpe los subsidios a la gasolina extra y ecopaís, e intentó lo mismo con el diésel, lo que desató el paro indígena de octubre de ese año y obligó a dar marcha atrás. En 2021, Guillermo Lasso impulsó un sistema de bandas con alzas graduales, pero lo suspendió tras presiones sociales. Ambos episodios marcaron los límites políticos de una medida que economistas consideran inevitable para sanear las cuentas públicas.
El plan de Noboa
El 12 de septiembre de 2025, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel y establece un nuevo sistema de precios. Hasta el 11 de diciembre de 2025 regirá un precio fijo transitorio de USD 2,80 por galón, frente al anterior de USD 1,80. Desde el 12 de diciembre, el precio se ajustará mensualmente, según la paridad de importación, con un rango de variación máxima de +5% y mínima de -10%. El costo no podrá bajar del piso de USD 2,229 por galón sin IVA.
El decreto también dispone que Petroecuador reduzca, progresivamente, el contenido de azufre en el diésel hasta alcanzar el estándar Euro IV, en un año.
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, justificó la medida al señalar que el subsidio de USD 1.100 millones era una “tubería rota” que alimentaba el contrabando y a sectores privilegiados, mientras poco llegaba a las familias vulnerables. El Gobierno anunció 18 medidas compensatorias, entre ellas:
• Inclusión de 55 mil familias en el Bono de Desarrollo Humano.
• Devolución del IVA a 115 mil adultos mayores y constructores inmobiliarios.
• Compensaciones directas a 23.300 conductores de transporte público para evitar un alza inmediata de pasajes.
• El plan Nuevo Transporte con bonos y créditos subsidiados para renovar flotas y chatarrizar vehículos.
• Apoyo al agro y la pesca con tractores, motores fuera de borda y créditos preferenciales.
• El Bono Raíces de USD 1.000 para 100 mil beneficiarios del campo y la pesca artesanal.
Reacciones y riesgos
Las reacciones fueron inmediatas. El sector exportador respaldó la eliminación del subsidio siempre que las compensaciones al transporte público sean temporales y focalizadas. El Comité Empresarial Ecuatoriano la calificó de necesaria para la sostenibilidad económica.
En contraste, la Conaie denunció un “paquetazo neoliberal” que encarecerá alimentos y transporte y convocó a un paro nacional indefinido a partir del 22 de septiembre. Mientras que el sector de transporte de Pichincha y Quito, que había anunciado un paro desde este 15 de septiembre, suspendió temporalmente la medida, mientras lleva adelante mesas de diálogo con el Gobierno, por un periodo de 30 días.
Noboa apuesta a que las compensaciones sociales contengan el descontento y eviten un nuevo estallido como el de 2019.
El 13 de septiembre, un día después del anuncio, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 127 trasladando temporalmente la sede de la Función Ejecutiva a Latacunga, Cotopaxi, y delegó a la vicepresidenta María José Pinto ejercer funciones desde Otavalo. El objetivo, según el decreto, es “garantizar autoridad, gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía”. El gesto político busca reforzar el control en un momento en que la tensión social podría escalar.
Si la eliminación del subsidio al diésel logra sostenerse y resistir los reclamos de los sectores indígenas, de transporte y trabajadores, representará un gran paso en materia económica y fiscal para Ecuador: reducirá una pesada carga de recursos estatales y dará mayor eficiencia al gasto público. Además, con el riesgo país ya por debajo de los 700 puntos, se abre la posibilidad de que esta confianza se traduzca en una nueva colocación de deuda en los mercados internacionales, tras seis años de cierre por crisis financieras y desequilibrios fiscales.
Autor: Carolina Enríquez
