Como en los tres últimos gobiernos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) será un actor clave en el segundo mandato de Daniel Noboa, que comienza el 24 de mayo de 2025. El organismo sigue teniendo un peso central en las finanzas públicas del país y, de forma indirecta, en las decisiones políticas, debido a las reformas estructurales que siguen pendientes y que condicionan parte del apoyo financiero internacional.
Los problemas fiscales persisten y se han agravado en lo que va de 2025. Tras haber reducido el déficit del Sector Público no Financiero del 3,5 % del PIB en 2023 al 1,3 % en 2024, el desequilibrio volvería a ampliarse hasta el 1,9 % al cierre de este año, según las últimas proyecciones del Monitor Fiscal del FMI.
Tanto factores internos como externos han golpeado las cuentas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel interno, el fisco ha dejado de percibir ingresos de los impuestos y contribuciones temporales establecidos en reformas tributarias anteriores.
Solo por la remisión tributaria y la contribución extraordinaria aplicada a bancos y cooperativas para enfrentar el conflicto interno, se dejarán de recaudar USD 739 millones en 2025. En el frente externo, la caída del precio del petróleo ya genera preocupación. Los precios del crudo ecuatoriano han oscilado entre USD 58 y 63 dólares por barril, mientras que el presupuesto prorrogado para este año se construyó sobre una proyección de USD 63,07por barril.
A este contexto se suma la escalada de tensiones comerciales a escala global, que amenaza con desacelerar la economía mundial y reducir la demanda de productos de exportación ecuatorianos. En este escenario adverso, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento del 1,9 % para Ecuador en 2025, una cifra insuficiente para compensar la contracción del 2 % registrada en 2024.
Con una nueva realidad para la economía ecuatoriana y un entorno que ha cambiado, el FMI y el Gobierno de Daniel Noboa recalibran las metas del actual acuerdo de facilidad extendida que mantiene Ecuador, con una duración de cuatro años y USD 4.000 millones en desembolsos, de los cuales 1.500 millones ya se han entregado. Estaba pendiente la segunda revisión del programa, prevista para marzo de 2025, pero se aplazó por las elecciones presidenciales.
Todavía no está claro si el FMI mantendrá el programa actual o lo reemplazará por uno nuevo, adaptado a la cambiante realidad económica de Ecuador.
En el acuerdo vigente, el gobierno de Daniel Noboa se comprometió a una ambiciosa consolidación fiscal, que contempla una combinación de recortes de gasto y aumento de ingresos equivalente al 5,5 % del PIB —unos USD 6.536 millones— hasta 2028. La meta es transformar un déficit del 3,6 % del PIB, registrado por el sector público no financiero, en un superávit del 0,6 % en ese período.
Uno de los objetivos de este ajuste era recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda en 2025; sin embargo, esa posibilidad aún parece lejana, dado que el riesgo país se mantiene por encima de los 1.000 puntos.
Existen otras medidas en las cuáles el Gobierno podría avanzar, como la focalización de subsidios, especialmente al diésel y la promoción de una nueva reforma de impuestos orientada a reducir el gasto tributario. Así lo han señalado los informes del FMI y las declaraciones de exautoridades del Ministerio de Finanzas.
Al menos en el corto plazo, hay la expectativa de que el gobierno de Daniel Noboa pueda avanzar en reformas políticamente sensibles o impopulares, respaldado por la mayoría legislativa en la Asamblea Nacional.
En el mediano plazo, el Fondo Monetario Internacional seguirá siendo una fuente clave de financiamiento para Ecuador. Mientras el riesgo país se mantenga elevado, el país continuará dependiendo del respaldo de gobiernos y organismos multilaterales para cubrir sus necesidades de liquidez.
Autor: Carolina Enríquez.
