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El riesgo país de Ecuador cayó a 508 puntos básicos el 19 de diciembre de 2025, el registro más bajo desde el 23 de abril de 2019, cuando alcanzó 512 puntos. En más de seis años, el indicador nunca había regresado a este rango: incluso en los mejores momentos de 2019, los pisos se ubicaron en 550–560 puntos básicos, mientras que entre 2020 y 2024 prevalecieron niveles superiores a 800–1.000 puntos, presionados por la pandemia, la inestabilidad política y la incertidumbre fiscal.
La reducción acumulada desde diciembre de 2024 cuando el EMBI rondaba los 950–1.000 pb supera los 400 puntos básicos, constituyendo una de las caídas más pronunciadas desde la reestructuración de bonos de 2020. Este ajuste confirma un cambio significativo en la percepción del mercado sobre el riesgo soberano del país.
Motores de la caída: disciplina fiscal, señales de mercado y menor incertidumbre institucional
El descenso del riesgo país responde a una combinación de factores económicos, fiscales y políticos:
1. Eliminación del subsidio al diésel y capacidad del Gobierno de sostener la medida pese a protestas.
El retiro del subsidio al diésel históricamente una de las decisiones más sensibles del país envió una señal contundente de disciplina fiscal. Pero el verdadero mensaje al mercado fue otro: Noboa resistió las protestas del movimiento indígena durante septiembre y octubre, que buscaban revertir la medida.
El paro fue acotado, sin paralizar el país. A diferencia de sus antecesores Lenín Moreno en 2019 o Guillermo Lasso frente a movilizaciones de 2022, Noboa no cedió. La medida se mantuvo intacta. Esto fue interpretado por los inversionistas como un indicador de fortaleza política relativa y capacidad de ejecutar reformas estructurales sin retroceder ante la presión social.
Para el mercado, sostener el desmonte de subsidios implica menores déficits y un ajuste fiscal más creíble hacia 2026.
2. Caída del riesgo país pese a la derrota de Noboa en la consulta popular.
El Gobierno fue derrotado en la consulta popular que buscaba habilitar una nueva Constitución, debilitándolo. Sin embargo, el mercado reaccionó en sentido contrario al esperado: interpretó el resultado como una reducción del riesgo institucional.
La ausencia de un proceso constituyente es vista como un factor estabilizador en el mediano plazo: menos incertidumbre jurídica, menos volatilidad normativa y menor posibilidad de reconfigurar el aparato estatal. Aunque Noboa queda políticamente más frágil, la estructura institucional del país gana previsibilidad, y eso pesa más para los mercados.
3. El “upgrade” de Fitch del 21 de noviembre de 2025.
Fitch Ratings elevó la calificación de los instrumentos soberanos de largo plazo de Ecuador de CCC+ a B- y asignó un Recovery Rating de RR3, reflejando “buenas expectativas de recuperación” en caso de default.
La mejora se sustenta en:
Fue la actualización más relevante para la deuda ecuatoriana desde 2020 y actuó como catalizador para la compresión del riesgo país.
Consecuencias para el financiamiento de 2026
El Plan Anual de Endeudamiento 2026 contempla necesidades por USD 12.999 millones, entre ellos:
Con un riesgo país en 508 puntos, Ecuador podría regresar a mercados internacionales con tasas más bajas.
Además, un riesgo país bajo facilita:
· Poner en orden las deudas para que sean más fáciles de pagar.
· Lograr un endeudamiento más barato porque hay más confianza.
· Conseguir mejores tratos y préstamos con los multilaterales.
Perspectiva: una ventana de oportunidad, no una garantía
El retorno a niveles de riesgo país compatibles con acceso a mercados es un hito relevante, impulsado por señales fiscales, políticas y crediticias. Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener disciplina fiscal, administrar una agenda económica compleja y navegar un entorno político fragmentado.
Hoy Ecuador disfruta de mejores condiciones financieras que en cualquier momento desde 2019. Pero la continuidad de esta tendencia dependerá como siempre de la ejecución.
