La pregunta que vuelve a inquietar a la ciudadanía es: ¿habrá o no apagones a finales de año? La preocupación resurge porque, como cada año, se aproxima la temporada de estiaje —la época seca en las zonas donde se ubican las principales hidroeléctricas del país— que va de septiembre a marzo.
En las últimas semanas, el Gobierno ha insistido en que no habrá cortes de electricidad. Sin embargo, expertos del sector energético advierten que los racionamientos podrían estar más cerca de lo que se admite.
Las secuelas de la crisis energética de 2024 aún se sienten en la economía. Muchas empresas apenas comienzan a recuperarse de la recesión del año pasado, provocada en parte por apagones de hasta 14 horas que paralizaron la producción y generaron una fuerte contracción de la actividad económica. El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador decreció 2 %.
Según una encuesta del Banco Central del Ecuador, el 57,7 % de las empresas del país se vieron afectadas por los racionamientos eléctricos de 2024. La industria manufacturera fue la más golpeada: el 69,8 % de las empresas del sector reportaron impactos, seguida por comercio, servicios y construcción. Entre las principales consecuencias se destacan el aumento de los costos de producción (28,1 %), la caída en ventas (21,3 %) y mayores gastos en seguridad (14,9 %), debido a la necesidad de invertir en transformadores, generadores y diésel para mantener sus operaciones en medio de los cortes de luz.
La situación se complicó por la suspensión temporal de importaciones desde Colombia, que tradicionalmente ha suplido parte del faltante energético. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el episodio evidenció la alta vulnerabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano frente al cambio climático, dado que tres cuartas partes de su matriz energética dependen de fuentes hidroeléctricas.
En ese escenario, tanto el sector empresarial como los hogares han empezado a adoptar medidas preventivas ante el riesgo latente de nuevos racionamientos eléctricos.
¿Cuál es la situación de Ecuador un año después de la crisis energética de 2024? En términos generales, el país enfrenta un panorama más favorable, con una mayor capacidad de generación y mejores niveles de precipitaciones. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo si estas condiciones serán suficientes para evitar nuevos cortes de electricidad.
Ecuador requiere incorporar 921 megavatios adicionales a su sistema eléctrico para evitar cortes de energía en septiembre de 2025 y reducir su dependencia del suministro proveniente de Colombia.
A mediados de junio, de hecho, el Gobierno anunció ya un plan para enfrentar la situación. Planteó, entre otros, lo siguiente:
- La incorporación de 979,5 MW de energía este año.
- 403 MW en 2026 y 600 MW en 2027.
- 67 proyectos de inversión privada que suman 1.400 MW de energías renovables a mediano plazo.
- 300 MW de energía nuclear. Precisamente, la semana pasada el ministerio de Energía socializó ya el Proyecto de Ley de Energía Atómica.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Transmisión para potenciar la interconexión con Perú y garantizar la calidad del servicio.
Retrasos elevan el riesgo de una nueva crisis energética.
El déficit de 921 megavatios está detallado en un informe elaborado por el operador estatal Cenace, remitido el 25 de febrero de 2025 al Viceministerio de Electricidad. El documento presenta las proyecciones de demanda para el próximo estiaje, así como los plazos previstos para el ingreso y puesta en operación de nuevas plantas de generación eléctrica.
Uno de los principales desafíos para el Gobierno es que varios proyectos termoeléctricos presentan retrasos en su instalación. Entre ellos están Salitral y Quevedo, operados por la empresa Progen, y Esmeraldas, a cargo de la compañía Austral. En conjunto, estas plantas aportarían 241 megavatios de capacidad, cuya entrada en operación resulta clave para enfrentar con mayor seguridad el estiaje que se avecina.
En días recientes, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) resolvió de manera unilateral el contrato con la empresa Progen, debido a reiterados incumplimientos en la ejecución de los proyectos. Progen, por su parte, ha argumentado que los retrasos se deben a demoras en los pagos por parte del Estado.
Tras la terminación del contrato, será Celec la encargada de concluir la instalación de las plantas, que ya registraban un avance del 90 %. En el caso de la empresa Austral, responsable del proyecto en Esmeraldas, se identificaron problemas de compatibilidad técnica en los equipos traídos al país. No obstante, la compañía ha indicado que se encuentra realizando las adecuaciones necesarias para garantizar su operación eficiente.
A pesar de estos inconvenientes, mantienen su ofrecimiento de que no habrá cortes y no se necesitará importar electricidad de Colombia.
Evitar una nueva crisis energética no solo es un desafío técnico, sino también político: una prueba de gestión que podría marcar el tono del segundo semestre para el Gobierno de Daniel Noboa.
Autor: Carolina Enríquez
