No fue el presidente Daniel Noboa quien dio los primeros detalles de su plan económico para esta nueva etapa de Gobierno. La encargada de hacerlo fue su portavoz, Carolina Jaramillo, quien debutó anunciando cinco medidas que marcan el arranque de la estrategia económica y ofrecen una primera señal de hacia dónde apunta la gestión.
Entre las decisiones consta la eliminación del subsidio al diésel para grandes atuneras, que generará un ahorro de USD 42 millones anuales; se aplicará una tasa de fiscalización a la minería con una expectativa de ingresos superiores a USD 200 millones y se subirán las tarifas eléctricas para grandes consumidores, lo que permitirá recaudar USD 256 millones adicionales (USD 78 millones del segmento AV1 y USD 178 millones del segmento MV).
Con estas decisiones, el Gobierno aspira a generar cerca de USD 500 millones en ingresos adicionales.
Durante la misma semana, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, ofreció su primera entrevista como titular de la cartera, en la que confirmó el carácter fiscal de las acciones anunciadas. Moya advirtió que Ecuador enfrenta un problema estructural heredado y señaló que uno de los primeros objetivos de esta administración es cerrar 2025 con un déficit fiscal de alrededor de USD 3.000 millones, una cifra similar al registrado en 2024, que alcanzó los USD 3.355 millones.
Cabe destacar que, hasta mayo de 2025, Ecuador acumuló un déficit fiscal de USD 1.306,4 millones, el tercero más alto de la última década, superado únicamente por los registrados en 2017 y 2020. Esta cifra refleja el desequilibrio entre ingresos y gastos del Presupuesto General del Estado (PGE), impulsado por un aumento del gasto público durante este año y la caída de ingresos tras la expiración de varios impuestos temporales al cierre de 2024.
Con ese contexto, Moya adelantó que el Gobierno analiza una reforma tributaria para este año o para 2026 y seguir revisando los subsidios a los combustibles. “Un subsidio mal focalizado es fuente de contrabando, corrupción y delincuencia. Tenemos que corregirlo (…) Necesitamos generar ingresos sostenibles para cubrir el gasto actual y también las deudas históricas que arrastramos”, señaló la ministra.
Uno de los objetivos del Gobierno de Daniel Noboa es regresar a los mercados internacionales para emitir bonos de deuda externa en 2026, algo que Ecuador no hace desde 2019. La data de riesgo país —impulsado por los desequilibrios fiscales y la inestabilidad política— ha impedido hasta ahora acceder a financiamiento en condiciones sostenibles, debido a las altas tasas de interés que enfrenta el país.
Esto ha comenzado cambiar debido a la expectativa que tenía los mercados que Ecuador pase sin problemas la segunda revisión del acuerdo de facilidad extendida del Fondo que estaba pendiente. El indicador ha mejorado y ya se sitúa en 867 unidades (al 11 de junio de 2025), la cifra más baja desde 2022.
El optimismo se convirtió en realidad y Ecuador alcanzó un acuerdo a nivel técnico de la segunda revisión con el FMI y con una novedad: el Gobierno de Noboa solicitó ampliar el programa vigente de USD 4.000 a 5.000 millones, es decir, USD 1.000 millones adicionales, bajo el argumento de un nuevo escenario global marcado por las tensiones comerciales. A cambio, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a implementar reformas en ámbitos como el energético y fiscal.
Otro factor también ha influido en la reducción del riesgo país: la ministra de Finanzas anunció una posible emisión de deuda respaldada por garantías de organismos multilaterales, una señal que fue bien recibida por los mercados internacionales.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno también se incluyen auditorías a empresas públicas, con el objetivo de contar con balances financieros transparentes, especialmente en Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Para ello, se ha recurrido a firmas de auditoría de prestigio internacional, conocidas como las big four, entre ellas PwC, Deloitte y EY.
Daniel Noboa inicia su nuevo mandato con un marcado énfasis en continuar fortaleciendo la salud fiscal del país, a través de medidas orientadas a reducir el déficit, ordenar las finanzas públicas y recuperar la credibilidad de los mercados internacionales. Sin embargo, aún está pendiente conocer una hoja de ruta clara para reactivar el crecimiento económico, un desafío clave si se busca mejorar de manera sostenible el bienestar de la población. El equilibrio fiscal es importante, pero no puede desligarse de políticas que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
Autor: Carolina Enríquez
